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FIN DE LA HISTORIA, EL FBI ACCEDIÓ AL IPHONE DEL AUTOR DE LA MASACRE DE SAN BERNARDINO

En tres artículos anteriores fuimos siguiendo la pulseada entre Apple y el FBI, que finalmente se saldó a satisfacción para ambas partes. Para la sociedad era muy importante que las autoridades accedieran al teléfono de un terrorista que asesinó a 14 personas. Pero no al precio de vulnerar la privacidad de millones de usuarios. La tensión entre privacidad y seguridad, parece haberse resuelto a satisfacción, en esta oportunidad.

Daniel Mazzone

Terminó la tensión y no llegó el conflicto. Hubo una instancia judicial que terminó en una dilatoria para que el FBI buscara las formas de “hackear” el teléfono del autor de la masacre de San Bernardino, que Apple se negaba a desencriptar.

En un primer artículo que escribí para esta serie Nosotros y el enfrentamiento entre Apple y el FBI, del 22 de febrero, sostuve que el caso debía interesarnos, acostumbrados como estamos a balconear los temas que después, a la larga –pero muchas veces a la corta- terminan afectándonos. Ese artículo terminaba diciendo: “el debate que se sustancia en este momento en los Estados Unidos nos compete a todos”. Fuéramos usuarios de iPhone o de otras marcas de teléfonos inteligentes. Viviéramos en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo en que se utilice este tipo de dispositivos.

En un segundo artículo, del 7 de marzo, titulado Las tecnológicas se muestran en bloque, daba cuenta de un documento que el 3 de marzo había suscrito un vasto conglomerado de empresas tecnológicas, que también involucró a firmas no dedicadas a la producción de dispositivos telefónicos. Era la señal clara de que las industrias del sector consideraban que el FBI y la Justicia estaban llevando las cosas demasiado lejos. El argumento central sostenía que la exigencia del gobierno para con Apple, excedía el marco legal vigente. Una manera contundente de afirmar que si las leyes no preveían esta situación, lo que se debía hacer era adaptar la legislación, y no adoptar el fácil mecanismo de ejercer presión sobre el eslabón más débil, en este caso, la compañía productora del teléfono en cuestión.

Claro, las voces que argumentaban en contrario –entre ellas la de Donald Trump- sugerían que la negativa de Apple a acceder a las exigencias judiciales, “encubría” a un asesino. Era el tipo de argumentación rápida, eficaz para captar la aceptación superficial de quienes sólo perciben uno de los polos, el más escandaloso de un asunto mucho más complejo.

Esa argumentación, que proponía permitir el acceso al teléfono de un terrorista sin medir consecuencias, dejaba en un cono de sombra el problema de fondo, sobre un marco legal obsoleto, que respondía a una época previa a la existencia de los dispositivos inteligentes que se fabrican actualmente. Pero por sobre todo desenfocaba la resolución correcta de una tensión manifiesta en las sociedades actuales entre seguridad y privacidad.

Este fue, precisamente el objeto del tercer artículo que escribí para esta serie y que publiqué el 17 de marzo, Entre privacidad y seguridad hay tensión; no debería haber conflicto. Allí sostuve que privacidad y seguridad son derechos inalienables del individuo en las sociedades occidentales. Es obvio que ni lo uno ni lo otro son prioridades y mucho menos derechos en las sociedades cerradas donde no existe la libertad individual.

Pero claro, también sabemos que, aun en occidente, la privacidad y la seguridad, porque están bajo la presión de diversas amenazas, viven en una tensión permanente. Cuántas veces los gobiernos adoptan decisiones que menoscaban la privacidad en nombre de la seguridad colectiva. Pero el hecho de que exista tensión no tiene por qué justificar que las situaciones desemboquen en conflicto. Al menos ésta debería constituirse en prioridad en las preocupaciones políticas.

Así las cosas, el 22 de marzo, en una instancia judicial federal, el juez optó por dar un plazo de 15 días al FBI para que intentara acceder al archivo encriptado del teléfono en cuestión por otras vías que no fuera la de la cooperación de la compañía productora. O ya la presión de las tecnológicas había surtido efecto, o bien las autoridades advirtieron que si continuaban por el camino de presionar a Apple iban a generar un precedente que se transformaría en un punto de inflexión de difícil retorno. Lo cierto es que se abrió la posibilidad que finalmente saldó el virtual enfrentamiento.

Ayer, 28 de marzo, los medios dieron cuenta de que “El FBI ha accedido con éxito a los datos guardados en el iPhone del terrorista de San Bernardino y, por lo tanto, ya no necesita la ayuda de Apple”, según indicó la portavoz del Departamento de Justicia, Melanie Newman.

Es el fin de la historia ApplevsFBI, por ahora. Queda subyacente, la necesidad de actualizar el marco legal. Queda la preocupación en la sociedad civil, no sólo de los usuarios de teléfonos inteligentes, acerca de la posible reiteración de situaciones como la que aparentemente acaba de cerrarse. Y queda como resultado que puede aquilatarse, el final de una tensión resuelta en el marco de las instituciones. Es un buen precedente para cimentar las relaciones gobierno-sociedad civil en el futuro.

 

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