Los casos que involucran a las empresas tecnológicas son de hecho globales

La batalla entre Apple y el FBI nos compete

Daniel Mazzone

 

Estamos habituados a balconear lo que ocurre en otros países como si no nos afectara. Pero terminamos afectados por las consecuencias de las resoluciones de otros. Veamos 3 ejemplos, incluido el actual diferendo entre Apple y el FBI. 

A fines del siglo XX Bill Gates se propuso imponer su navegador Explorer para ganarle mercado a Netscape, que por entonces tenía más del 90 por ciento del mercado. Para eso intentó vincular el uso de su sistema operativo Windows al Explorer.

Fue denunciado por sus competidores por abuso de posición dominante y quedó enredado en múltiples juicios en diversos Estados de los Estados Unidos. Los pleitos terminaron en 2011 cuando Microsoft se avino a las condiciones, y hoy, el Explorer casi no existe. La propia empresa lo acaba de dar de baja. No era un buen producto. Y si la Justicia le hubiera permitido ejercer el poder de que disponía en ese momento, quizá hubiera corrido otro destino.

En 2013, Edward Snowden, funcionario de la agencia de seguridad de los Estados Unidos (NSA), consideró que la información que la agencia acumulaba colisionaba con los derechos de la ciudadanía a la privacidad. Filtró millones de documentos que revelaron actividades ilegales de las reparticiones gubernamentales, y también quedó al descubierto cierta complicidad que les había sido impuesta a algunas grandes compañías tecnológicas. Como consecuencia de ese acto, en cierta medida heroico, Snowden vive en una suerte de limbo desde entonces, mientras la ciudadanía, no sólo de los Estados Unidos sino del mundo entero, le agradece un gesto que contribuyó a preservar la privacidad digital. Fue un caso grave, porque bajo el pretexto de proteger a la ciudadanía del terrorismo, se violaban sus derechos más elementales. Todo un contrasentido que no ha sido debidamente aclarado, y por el cual los diarios The Guardian y The Washington Post ganaron un premio Pulitzer.

Ahora, en este preciso momento, 22 de febrero de 2016, estamos en un punto de inflexión en torno a la profunda cuestión de la privacidad digital. La empresa Apple, dispone hasta el viernes 26 para cumplir la orden de la Justicia norteamericana, de entregarle al FBI, un acceso al encriptado de sus dispositivos iPhone, para que la agencia de seguridad obtenga pruebas en contra de uno de los acusados de terrorismo, por la masacre de San Bernardino, que en diciembre de 2015 culminó con 14 muertos.

La empresa se ha negado a entregar las claves de su encriptado, porque, como señala El País de Madrid, “cree que modificar el sistema operativo y crear una especie de llave maestra que permita entrar en cualquier aparato  implica la destrucción de los criterios de seguridad: una vez creada y entregada a terceros, nadie puede garantizar el uso que se va a hacer” de ella. Los grandes medios de los Estados Unidos y del mundo se han pronunciado, casi unánimemente en contra de la exigencia de la administración y a favor de la empresa Apple.

Es obvio que la jurisprudencia que se siente en los Estados Unidos –el país donde estallan primero los problemas porque es quien primero se encuentra con ellos por ser quien innova en plataformas digitales- finalmente llegará a nosotros. Y porque además, los productos Apple son de consumo generalizado en los mercados de la región. ¿Qué impedirá que los criterios que se apliquen a Apple, se apliquen a las demás compañías tecnológicas? El debate que se sustancia en este momento en los Estados Unidos nos compete a todos.

 

Timothy D. Cook, 55 años, CEO de Apple desde el 24 de agosto de 2011, en que sucedió a Steve Jobs. Ingresó en la compañía en 1998.

Timothy D. Cook, 55 años, CEO de Apple desde el 24 de agosto de 2011, en que sucedió a Steve Jobs. Ingresó en la compañía en 1998. 

 

 

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