El documento suscrito el 3 de marzo por las compañías tecnológicas en apoyo de Apple se basa en un fuerte argumento: las exigencias del gobierno en este caso, exceden el marco legal existente.
El 22 de febrero publiqué un primer artículo: Nosotros y el enfrentamiento entre Apple y el FBI. Trece días después, las cosas no han cambiado desde el punto de vista judicial, pero el jueves 3 se publicó una declaración de firmas tecnológicas –en total unas cuarenta compañías y organizaciones, según The New York Times, lideradas por Google, Amazon, Facebook y Microsoft- que respalda la posición de Apple.
El documento establece que no hay –como tampoco la hay en la posición de Apple- una intención de obstaculizar a la justicia, y menos aun, de favorecer la transgresión terrorista –el propio documento califica de “atroz” la masacre de San Bernardino, en diciembre de 2015.
El argumento central de la declaración, es que la demanda planteada por el FBI y la justicia de los EE. UU., excede el marco legal existente. Es decir que, por resolver un problema inmediato –obtener los archivos encriptados del teléfono de uno de los acusados por el múltiple crimen de San Bernardino- se pondría en cuestión un principio de alcance mayor, como es el de la privacidad de los datos en el sistema de telefonía que administran las compañías que comercializan dispositivos telefónicos.
De una reciente investigación del Pew Research Center, acerca de qué países –sus sociedades- consideran a la libertad de expresión como un componente fundamental del ciberespacio, surge que los países occidentales, con Estados Unidos, Alemania, España, Argentina y Chile a la cabeza, son quienes más valoran la libertad.
El problema que nos ocupa, cuyo foco se encuentra en la privacidad de los datos de tráfico de las personas en una sociedad abierta, se vincula directamente con la libertad de expresión. Es en las sociedades de control –ya hegemónicas o totalitarias- donde se desprecian y suelen atropellarse los valores individuales. Por eso importa este debate en los Estados Unidos.
En una época de intensa innovación, es natural que las leyes queden con frecuencia desfasadas de los hechos. De aceptarse el punto de vista de las empresas y organizaciones que firman el documento, quien debe resolver el punto es la propia sociedad a través de sus instituciones. Si el marco legal es insuficiente, se debe actualizar. Y ello requiere un debate profundo con los sectores involucrados. La solución debe establecer las debidas garantías para el normal funcionamiento de las compañías que por ahora garantizan la inviolabilidad de los datos personales.
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