ENTRE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD HAY TENSIÓN; NO DEBERÍA HABER CONFLICTO

El conflicto entre Apple y el FBI ha desembocado en la verdadera encrucijada a la que se enfrenta la sociedad estadounidense –y por su intermedio la comunidad occidental- entre privacidad y seguridad, como lo ha señalado con agudeza The New York Times.

No hay demasiada necesidad de argumentar que ambos términos constituyen preocupaciones de la sociedad contemporánea, a la par que derechos inalienables del individuo occidental. El subrayado no está demás, dado que en las sociedades donde la libertad individual no es una prioridad, la privacidad tampoco lo es. Debe convenirse que la privacidad de que disfrutamos en occidente no es absoluta ni carente de amenazas; recuérdese el reciente caso Snowden, aun sin un cierre.

Pero también sabemos que esa privacidad, hija de la libertad individual, tiene muchas y duras batallas detrás que nos convocan a estar en permanente alerta.

He sostenido en un artículo anterior, que el conflicto entre Apple y el FBI nos compete, porque tarde o temprano el problema aterrizará entre nosotros. De hecho, a quienquiera que sea usuario de un Smartphone, máxime si es un iPhone, le concierne la definición del caso.

No es lo mismo que una compañía pueda ser obligada a desencriptar los contenidos de sus usuarios, a que haya límites, condiciones, garantías y que todas estas restricciones se encuentren por escrito, legalmente aprobadas por quienes representan a la sociedad.

Por eso también publiqué un segundo artículo en el cual relevé la declaración de las tecnológicas del 3 de marzo, que ubicó el problema en su verdadera dimensión: las exigencias del FBI y la Justicia a Apple exceden el marco legal existente. Vale decir, los hechos han ido más allá de lo que el legislador de una era pre smartphone ha podido prever.

No es lógico que las nuevas exigencias de la seguridad -–sin duda el FBI necesita reunir pruebas en torno al caso de la masacre de San Bernardino- perjudiquen a quienes desarrollaron los nuevos dispositivos y menos aun que afecten la privacidad de los usuarios.

El problema retorna a la sociedad, a sus instituciones y a las autoridades que la representan. Debe producirse la necesaria actualización del marco legal, con las debidas seguridades y garantías para los desarrollos de dispositivos tecnológicos y en definitiva, para la privacidad de los ciudadanos que los utilizan.

Es obvio que en la sociedad informacional, seguridad y privacidad están en constante tensión. Que las presiones inherentes a esa tensión no se transformen en un conflicto, depende del liderazgo que sean capaces de ejercer las autoridades. El martes 22 de marzo, un juez federal fallará en la causa y se abrirá un nuevo capítulo de esta saga cuya resolución terminará siendo de nuestra incumbencia.